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| Nº: | 749 |
| Fecha: | 08/01/2009 |
| Autor: | f.a.r. |
ALGO MÁS QUE UN DECÁLOGO | |
| ECONOMÍA ESPAÑOLA: NEUMONÍA GENERALIZADA Nuestra salud económica registra una acelerada pérdida de dinamismo, reconocida y avalada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, el ICO y los responsables de los principales Gabinetes y Servicios de Estudios de análisis y seguimiento de la coyuntura económica. Reconocimiento, al que se ha sumado tardíamente una “valoración pública” que, sin paliativos, ha sido lamentable; argumentando, que fomentar el pesimismo crea incertidumbre y destruye puestos de trabajo. Aseveración, que sin duda es cierta. Pero, es peor no tomar el rábano por las hojas, ya que suministrar aspirinas, poner esparadrapos o aplicar cataplasmas, intentando paliar lo que precisa de antibióticos de última generación o, incluso, de una cirugía de urgencia, conduce a los ciudadanos a dosis de desconfianza, negativas y mucho más agudas y peligrosas. Los años de bonanza económica – ya perdidos – los basamos sobre la vivienda y la construcción en general (cuyo peso en el PIB español era el doble que la media europea) y en un turismo, anclado y que requiere mayor imaginación en su oferta. Conviene tener presente, que “tras la construcción y el sol hay vida”. Nuestra agricultura, nuestra industria, nuestros servicios de mercado, la amplia red del tejido productivo de la empresa familiar y el capital humano, tienen posibilidades de crecimiento, con unas capacidades de explotación brutal. Capacidades que, desde el Ejecutivo, tienen que ayudar y fomentar. Existen dos crisis: la financiera y la real. La primera, lleva buenas trazas de solucionarse. Precisa de mayor control, transparencia y profesionalidad; pero, no olvidemos, que no resolverá los problemas de la segunda. La crisis real, acusa un problema grave que viene del lado de la demanda. La pérdida de la riqueza no obedece exclusivamente a la falta de financiación de las empresas para producir, sino porque carecen de una demanda a la que atender con sus productos. Las medidas instrumentadas a través del ICO y de la banca ayudarán a paliar las dificultades de financiación del circulante que padecen muchas PYME, pero está claro que la neumonía económica está presente y que la recuperación sólo será total si tenemos en cuenta la situación real de la economía española en el final del corriente año y las previsiones que se han hecho para el próximo año. Partiendo de las mismas, se proponen las medidas a adoptar con efecto a corto plazo, ya que por el Gobierno se instrumentarán las reformas estructurales con efecto a medio plazo. Es evidente que aquí sólo trataremos de las medidas a corto plazo necesarias para enlazar con los objetivos fijados a medio plazo para la recuperación sostenible de nuestra economía. En el tercer trimestre del corriente año, el crecimiento intertrimestral ha sido del -0,2% y se espera que en el cuarto trimestre sea también negativo, lo que sitúa a España técnicamente en recesión. El paro sobrepasará a finales de año los tres millones de personas, el 13% de la población activa, el déficit público estará en el entorno del 3,5% del PIB, el sector inmobiliario continuará hundiéndose, el resultado neto de las empresas ha caído en el tercer trimestre por primera vez en quince años, y el déficit exterior a pesar de la fuerte caída del consumo y de la inversión estará cercano al 10% y la inflación en el mes de noviembre ha caído hasta el 2,4%, noticia buena. Pero tal hecho crea temores por la rapidez de su descenso, debido a una continua caída del consumo, que da lugar a que la previsión de la inflación se sitúe para mediados del año próximo en el 1% con una situación de recesión y de paro creciente. Para 2009 el Fondo Monetario Internacional en su última y reciente estimación prevé para España un crecimiento negativo de al menos del 1% del PIB; en cuanto al paro los expertos lo sitúan en el entorno del 16,5% y el déficit público puede superar el 5%, lo que hace aumentar el riesgo, con un consumo en fuerte descenso de que España entre en deflación. Las medidas a corto plazo que se proponen para la microempresa y los trabajadores autónomos (más de tres millones) deben implantarse a la mayor brevedad, antes de que entremos en deflación, situación de la que es muy difícil salir, a Japón le ha costado diez años. Hay que tener en cuenta que las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos constituyen el 80% del tejido productivo español, y que si en las actuales circunstancias de crisis no reciben ayuda del Gobierno, la situación puede ser gravísima. TERAPIA PARA AYUDAR AL ENFERMO Fomento del empleo Desde ATA creemos imprescindible adoptar una serie de medidas que permitan la recolocación de trabajadores y fomentar el empleo; medidas que sólo afectarían a microempresas y autónomos: - Establecer 10.000 euros por una contratación a jornada completa, con una duración mínima de tres años, siempre que se mantenga el número de plantilla; y de 3.000 euros, cuando la contratación sea de media jornada, con idénticas condiciones. Sería procedente del INEM y, suponiendo que se generaran 300.000 puestos de trabajo, a jornada completa, supondría unos 3.000 millones de euros. En el caso de que fueran 150.000 puestos de trabajo, a media jornada, sería un coste de aproximadamente 450 millones de euros. - Aplicar una bonificación del 75% en las cuotas de la Seguridad Social, en contingencias comunes, durante los dos primeros años, cuando el autónomo contrate a su primer trabajador. Supondría un descenso de ingresos para la Seguridad Social de unos 480 millones de euros - Reducir en tres puntos lineales la cotización que corresponde a las empresas en el capitulo de contingencias comunes, actualmente cifrada en el 23,60%. Estimándose en unos 5.000 millones de euros anuales lo que dejaría de ingresar la Seguridad Social. Escenario Fiscal - Rebajar el impuesto de sociedades al 20% para las PYME con beneficios inferiores a 150.000 euros, y al 25% para las que superen esta cifra. Ello facilitaría una disponibilidad mayor de liquidez, dejando el Estado de ingresar en torno a 10.000 millones de euros anuales, que las PYME destinarían a mejorar su productividad a través de las tecnologías de la información y el conocimiento. - Elevación del 5 al 10% del porcentaje de provisiones y gastos de difícil justificación de los autónomos que tributan por estimación directa. En torno a 100 millones de euros. - Reducción temporal de un 10% en el coeficiente lineal de los módulos de estimación objetiva. Sería de una duración de dos años, con un coste aproximado 1.000 millones de euros. - Dejar de devengar el IVA trimestralmente por las facturas emitidas y no cobradas. La mayoría de los autónomos mantienen su negocio y su sistema de vida facturando a 90 días, ahora con retrasos adicionales como consecuencia de la crisis. Situación que se agrava, cuando a quien se factura es a la Administración, que paga habitualmente con un retraso de 180 días. Esquema de facturación antes sostenible, porque el autónomo obtenía liquidez del sistema financiero para hacer frente a sus necesidades. Actualmente, el “grifo financiero” está cerrado para los autónomos, hasta situaciones asfixiantes. Por poner un ejemplo, un autónomo que facturase en diciembre, se vería obligado a pagar el IVA antes del 30 de enero, a pesar de que en la mejor de las situaciones cobrase su factura en el mes de marzo. - Deducción fiscal de 900 euros para el autónomo persona física, que no tributa en el impuesto de sociedades, por la contratación de su primer trabajador; y de 600 euros por cada un nuevo contrato, siempre que este contrato signifique un aumento de la plantilla. Esta deducción se aplicará el año de la contratación. Suponiendo que la deducción afectara a 400.000 empleos, se estaría hablando de unos 500 millones de euros anuales Facilitar la financiación - Inyectar capital circulante, facilitando crédito hasta 30.000 euros con un aval del 75% por parte del ICO, sin fijar tipos de referencia o, en su defecto, el Euribor + 1,35 puntos. - Microfinanciación, con un importe de hasta 15.000 euros, con aval del ICO, para desempleados que capitalicen el desempleo para poner en marcha una actividad empresarial. - Que las Administraciones paguen un recargo de interés de demora, cuando no paguen las facturas a los 90 días de su fecha de emisión y lo hagan, como viene siendo habitual, a los 180 días. - Moratoria de seis meses sin recargo de las cuotas de la Seguridad Social y de los impuestos de índole empresarial, que no puedan satisfacer las empresas a su vencimiento y que estén justificadas por razones de liquidez. - Vigilancia y ataque frontal a la competencia desleal – fundamentalmente a la economía sumergida – y mayor control del fraude. CONCLUSIONES El escenario económico presente es de tal complejidad que requiere de un amplio abanico de medidas desde el lado de la política económica y la presupuestaria, capaces de ayudar a resolver la situación. Se han enumerado las medidas mínimas de política fiscal y de financiación a adoptar para el tejido productivo del colectivo de Autónomos, con el objetivo de que este colectivo pueda colaborar en la salida de la crisis que padece toda la economía. | |
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